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Boletín 364: Hondureños resisten presión de ONU y rechazan legalización del aborto

 

Honduras-WB-Cover-Image-Cropped-750x300 center center16 de mayo, 2017

Por Jonathan Abbamonte

 La semana pasada, los legisladores hondureños hicieron prevalecer su soberanía como país y resistieron la descomunal presión de Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales pro-aborto. 

La propuesta fue la misma que se usa desde más de 40 años en todo el mundo a pesar que ya demostraron ser falaces: casos de violación, discapacidad fetal y riesgos para la vida de la madre. La injerencia sobre Honduras fue iniciada por consejeros independientes extranjeros de España contratados por un sector del gobierno hondureño para “ayudar” a los legisladores a revisar el Código Penal en 1983. 

En respuesta a la reciente propuesta de cambio a las leyes pro vida del país, miles de hondureños pro-vida tomaron las calles de Tegucigalpa, la capital del país, y protestaron fuertemente.

"Honduras se enfrentó a la brutal presión de la comunidad internacional para despenalizar el aborto", dice Martha Lorena Alvarado líder pro vida de Honduras.

"Pro-vidas, jóvenes, amplios colectivos católicos y evangélicos respondieron de inmediato, el flujo de apoyo fue tremendo", dice Alvarado, "esta vez como las anteriores, reaccionamos como lo que somos: un país pro-vida. El resultado fue que las leyes de nuestra nación siguen defendiendo la vida del niño por nacer desde el momento de la concepción".

Honduras es un país abrumadoramente pro-vida. Según un reciente sondeo del Pew Research Center, el 71% de los hondureños creen que el aborto debería ser ilegal en todas las circunstancias. Actualmente, la ley hondureña protege toda la vida no nacida en cualquier momento durante el embarazo sin excepciones.

Los legisladores del Congreso Nacional fueron igualmente contundentes. 77 legisladores votaron a favor del artículo 169 del nuevo Código Penal que mantiene la ley de aborto del país sin aflojar ninguna de las restricciones actualmente vigentes. Solo 5 legisladores votaron en contra de la medida mientras que ocho miembros se abstuvieron. La votación fue más amplia en el caso der rechazar la píldora del día siguiente.

"Fue una derrota total para ellos", según Alvarado.

No mucho pudieron hacer los activistas pro-aborto a pesar de contar con financiación para numerosos anuncios de televisión y de la radio que ventilaron en todo el país en los días que conducía el voto de la semana pasada. Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Estados Unidos, también trataron de influir en los legisladores.

"Penalizar el aborto es incompatible con las normas de derechos humanos y el Código Penal hondureño debe ser modificado sin demora", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Américas de Amnistía Internacional en el sitio web de la organización.

La semana pasada, varios parlamentarios de España, Suecia, Finlandia, Eslovenia y Bélgica enviaron una carta a los líderes del Congreso Nacional de Honduras pidiendo a los legisladores que legalicen el aborto para que se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos estándar.

Un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas también condenó a Honduras por sus leyes en defensa de la vida, amenazando a la nación centroamericana por no prestar atención a las recientes “recomendaciones” de los comités de monitoreo de tratados de la ONU que hoy en día todos saben que están ideologizados y sesgados a favor del aborto.

Sin embargo, lo cierto es que ningún tratado de la ONU obliga a ningún país a legalizar el aborto. Por el contrario, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo en 1994, un acuerdo internacional no vinculante histórico sobre asistencia a la población y al desarrollo, afirma que la decisión de legalizar o no el aborto los procesos legislativos en los estados soberanos.

Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa el consenso internacional de que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

"Es reprochable que los “expertos” en derechos humanos de la ONU hayan trastocado los derechos humanos y abusando de sus funciones ataquen, en lugar de defender, el derecho universal a la vida de los más indefensos entre nosotros", dice el presidente de´ Population Research Institute, Steven Mosher, "tenemos que seguir trabajando para recortar la financiación pública de todas las entidades, grupos e individuos que se involucran en este tipo de imperialismo cultural".